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Registro de actos de última voluntad

El Registro de actos de última voluntad, creado por Real Decreto de 14 de noviembre de 1885, y que se rige en lo fundamental por los quince artículos del Anexo segundo del Reglamento Notarial de 1944 , aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, es una institución útil, aun poco extendida en Derecho comparado.

Existe un Registro general que se lleva en la Dirección General de los Registros y del Notariado y los llamados Registros particulares que se llevan en los Decanatos de los Colegios Notariales.

En el Registro general se tomará razón de los testamentos abiertos
(1); de la autorización del acta de otorgamiento y protocolización de los cerrados, o sus respectivas revocaciones
(2); de las donaciones mortis causa
(3), y en general, de todo acto relativo a la expresión o modificación de la última voluntad autorizado por Notario, Cura párroco en los puntos en que por ley, fuero o costumbre tenga esta facultad, o por Agente diplomático o consular de España en el extranjero
(4); de los testamentos ológrafos, si los otorgantes lo desean y lo hacen constar en acta notarial en que se expresen la fecha y lugar de su otorgamiento y las circunstancias personales que después se indican
(5); y de la protocolización de los ológrafos, de los abiertos no autorizados por Notario y de los testamentos militar y marítimo
(6)las personas que residiendo o hallándose accidentalmente en el extranjero otorgasen testamento ante funcionario del país en que se hallen podrán obtener la toma de razón en el Registro haciendo constar el hecho del otorgamiento del testamento ante Agente diplomático o consular de España, suscribiendo un acta en la que constará el nombre y apellidos del testador, estado, nombre y apellidos del cónyuge, si fuere casado o viudo, nombre de los padres y nombre y apellidos del funcionario autorizante, población en que tuvo lugar la autorización y la fecha y clase del instrumento. El representante diplomático o consular dará traslado del contenido del acta al Registro general. Igualmente se toma razón de las ejecutorias que afecten a la validez o nulidad de los testamentos y demás actos de última voluntad.
El encargado del Registro debe expedir certificaciones cuando lo pidan los Jueces o Tribunales para asuntos del servicio.

La utilidad del Registro se pondera en el preámbulo del Decreto instaurador, en el sentido de que facilita a los que se crean herederos para averiguar si tienen derechos a su favor, de evitar que se inscriban bienes en virtud de títulos revocados por el testador, de disminuir la probabilidad de declarar herederos abintestato habiéndolos por testamento y, por último, de facilitar el crédito territorial proporcionando al público que desee emplear sus capitales en la propiedad inmueble adquirida por herencia, con mayores medios de conocer, en cuanto sea posible, si el contrato que celebre con el que aparezca como dueño en el Registro de la propiedad está o no expuesto a invalidación en el plazo de dos años .


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