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DELITOS DE DISCRIMINACION DE EXTRANJEROS EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO.

Se castiga la discriminación en la prestación de servicio público por particular contra una persona o asociación por su pertenencia a una etnia o raza o por su origen nacional.

A través de este artículo se concreta la lucha del Estado contra todas las formas de discriminación, si bien ceñidas ahora a la actuación de las Administraciones Públicas. Es la pieza final, reservada para los casos de contravención del mínimo ético, de esa lucha del Derecho contra cualquier clase de discriminación. Una lucha que en el ámbito del actuar de las Administraciones empieza en el artículo 9.2 de la Constitución española y que reside implícita tanto en el principio de legalidad de la actuación administrativa como en el de objetividad de esa misma actuación.

Se encuentra regulado en el Título XXI “Delitos contra la Constitución”, dentro del Capítulo IV “ De los delitos relativos a los derechos fundamentales y libertades públicas”

Sujeto pasivo. Debe pertenecer a una determinada etnia o raza o poseer un determinado origen nacional. Los pertenecientes a este grupo pueden ser españoles, de modo que para nosotros todas estas circunstancias pueden ser relevantes en tanto en cuanto puedan configurar situaciones de extranjería.

El sujeto pasivo puede ser:

  • El destinatario individual de una actividad de servicio o prestación, o
  • Una asociación, fundación, sociedad o corporación.

Bien jurídico protegido. Es el derecho a la igualdad y en especial el derecho a ser usuario en condiciones de igualdad de los servicios públicos o a percibir en idénticas condiciones prestaciones públicas.

No existe obstáculo para la concurrencia de formas imperfectas de ejecución de este delito y en concreto para su aparición en grado de tentativa ya que la discriminación para el acceso a un determinado servicio o prestación puede iniciarse y no alcanzar su perfección.

 

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