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DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

Con el nombre de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros se agrupan una serie de conductas o acciones castigadas en el Código Penal de 1995 y contenidas en el artículo 318 bis, único artículo del Título XV.
Esta regulación tiene su base, por un lado, en el incremento de la inmigración producida en las últimas décadas en nuestro país que ha llevado, por un lado a adoptar medidas en la legislación administrativa para regular los derechos y deberes de los extranjeros en nuestro país, y por otro lado modificaciones normativas para proteger a los extranjeros de determinados comportamientos calificables de un auténtico tráfico de personas y de una cuasi exclavitud del siglo XXI.

En el Consejo Europeo de Tampere en 1999, los estados miembros se comprometieron a combatir en su origen la inmigración cladestina con el fin de establecer una gestión más eficaz de los flujos migratorios en estrecha colaboración con los países de origen y tránsito. Antes, el plan de acción de Viena había destacado la necesidad de presentar propuestas concretas con el fin de luchar eficazmente contra la inmigración ilegal. A este fin, se presentaron varias iniciativas, entre ellas una Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada y una Decisión por la que se define el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada. En el momento de la elaboración de una estrategia global, la Comisión recordaba la importancia del respeto de las obligaciones que se derivan de algunos actos internacionales con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el Convenio de Ginebra relativo al estatuto de los refugiados.

El debate sobre la posibilidad y las disposiciones de aplicación de un plan global de lucha contra la inmigración ilegal se entendía que debía tener en cuenta varios elementos como era la existencia de distintas formas de residencia ilegal y necesidades específicas de grupos potencialmente vulnerables, la necesidad de intensificar la cooperación con las países de origen y tránsito. Más concretamente, los países candidatos a la adhesión tenían una obligación de transposición íntegra del acervo de Schengen. La gestión de los flujos migratorios suponía pues, entre otras cosas, la toma en consideración de algunos elementos derivados de la política exterior comunitaria. También suponía la existencia de un conjunto de disposiciones relativas a la expedición de visado, al control de las fronteras exteriores, al tráfico de seres humanos, al empleo ilegal, que debe aplicarse correctamente. Además, para contribuir a la aplicación coherente de las disposiciones jurídicas en materia de cooperación judicial, era necesario que los estados miembros previeran definiciones comunes de los actos delictivos así como de las sanciones adecuadas. Fruto de  ese movimiento europea ha sido la reforma penal que ha introducido el precepto que ahora analizamos.

Bien jurídico protegido. Lo que el precepto penal trata de proteger son, por un lado, intereses puramente individuales, que serían los derechos del extranjero a una plena y efectiva integración social, evitando que se vea privado del disfrute de los derechos y libertades que la Constitución y las leyes españolas le reconocen como un colectivo específico de ciudadanos, reprimiendo los abusos de aquellos que se aprovechan de su situación social. Pero también con este delito se realiza el derecho del estado a controlar los flujos migratorios y la incidencia que en el orden social y el interés general pudiera tener la falta de control en esta materia, en cuya labor colaboran tanto la legislación penal como la legislación administrativa.

TIPO BASICO.

El apartado primero del artículo 318 bis castiga al que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

Sujeto activo del delito, puede ser cualquiera, tratándose así de un delito común. Ahora bien, si el autor de la conducta fuera una autoridad, agente de la autoridad o funcionario público, se aplicará el apartado cuarto.

Sujeto pasivo, es decir, contra quién se dirige la acción delictiva y a quién quiere proteger el precepto penal, lo es tanto el Estado en cuanto a su interés en ordenar el tráfico migratorios, y la comunidad social en su conjunto, como los extranjeros sobre lo que recae la conducta ilegal. Debemos entender por extranjero a todo ciudadano de terceros estados, excepción hecha de los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea y los nacionales de los países del Espacio Económico Europeo, ya que ellos pueden emigrar con carácter temporal o definitivo sin que se le exijan requisitos documentales y sometimiento a controles fronterizos ordinarios.

En cuanto a la conducta castigada viene dada por varios requisitos:

  1. En primer lugar, de forma directa o indirecta, promover, favorecer o facilitar. Con estos verbos se trata de comprender en el delito la totalidad de las actividades de este tipo de delincuencia, toda intervención en el tráfico, por lejanas que estas actuaciones estén en el mismo.
  2. Las acciones anteriores tienen que tener como objetivo el tráfico ilegal e inmigración clandestina.

El delito es doloso, ello supone que el autor debe tener conocimiento de la irregularidad o ilegalidad de los sujetos sobre los que recae la operación de tráfico.

SUPUESTOS AGRAVADOS.

Los apartados 2 a 5 del artículo 318 bis del Código Penal establecen una cascada de agravaciones fundadas en la concurrencia de determinadas finalidades, formas de acción o en la especial responsabilidad o participación de determinadas personas:

  1. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, la pena asciende a la de cinco a diez años. El fundamento está en que además de atacarse con esta acción la dignidad del ciudadano extranjero, y en su caso el sistema de ordenación estatal de la inmigración se pone en peligro la libertad sexual de la persona o personas que van a ser sometidas a explotación sexual. No se precisa que los actos de explotación sexual se hayan realizado, con lo que la pena puede resultar excesiva. Si la explotación sexual se produjese, se habrán cometido tanto este delito como los delitos que se hayan cometido con esos actos de explotación, ( violación, prostitución, proxenetismo, etc ).

  2. Los que realicen las conductas descritas en los apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, abusando de situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior. Es decir la pena de cuatro a ocho años de prisión y la pena de cinco a diez años de prisión pasa  a ser de siete años y medio a diez años de prisión.

  3. Cuando el autor se haya prevalido de su condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario público, además de las penas antes vistas se impondrá la de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

  4. Cuando el autor perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores y además la de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena. Ello supone que las penas de cuatro a ocho años de prisión pasa a ser de ocho a doce años, y la pena de cinco a diez años de prisión pasa a ser de diez a quince años de prisión.

  5. Finalmente, cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicara la penas en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

En la materia que ahora nos ocupa, nos encontramos fuera del Título XV una serie de supuesto donde se castigan conductas que afectan a las personas por su pertenencia a una etnia o raza o por su origen nacional.

Pasamos a continuación a analizarlas.

 

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