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DELITO CONTABLE

Sanciona a quien estando obligado a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, no lo haga, lleve contabilidad paralela, no hubiere realizado anotaciones de transacciones económicas o hubiere hecho anotaciones falsas.
En los dos últimos casos, se exige que el falseamiento sea superior a 240.000 euros.


Como este delito supone dificultar la labor de inspección de la Administración para comprobar las obligaciones tributarias del obligado, con el presente delito se trata de proteger el patrimonio de la hacienda, en su modalidad de ingresos públicos pero, al tiempo, supone falsear la competencia entre empresas ya que eludir las obligaciones tributarias por esta vía es una forma de competir deslealmente, pues quien tiene menos costes puede fijar mejores precios y  obtener más ganancias.

Como el delito exige la intención de eludir las obligaciones tributarias de la empresa, no basta un error en la anotación o en la llevanza de la contabilidad de los libros, sino que ha de evidenciarse que detrás del incumplimiento contable existe tal propósito.

En todos esto delitos, las cantidades defraudadas se computan sobre el principal adeudado sin que quepa alcanzar tales importes añadiendo al principal, intereses y recargos.

Las conductas descritas son impunes si el presunto responsable procede a la regularización fiscal, que consiste en corregir las declaraciones incompletas presentadas e ingresas las cantidades indebidamente omitidas. O si se trata de subvenciones, devolver las indebidamente recibidas, con los intereses correspondientes.

El fundamento de este beneficio, es que el Estado reconoce que estamos ante una actuación socialmente constructiva que le permite aflorar deuda oculta sin necesidad de verse obligado a seguir largas y laboriosas actuaciones judiciales para cobrarlas.

Ahora bien, para que no haya responsabilidad penal esta regularización tiene un horizonte temporal, hay que ponerse al día antes de que la Administración inicie sus actuaciones inspectoras o de que se ponga en marcha el proceso penal vía querella o denuncia.

No se admite regularización ante la Hacienda comunitaria Europea, por lo tanto el frauda a la Unión Europea no permite la exención penal si se reintegran las cantidades concedidas.

La jurisprudencia en torno a estos delitos que hemos analizado ha manifestado que el concepto de engaño en el delito fiscal no difiere del engaño en la estafa. Consiste en afirmar algo falso como verdadero. Por eso, las declaraciones incompletas, incorrectas o falsas resultan punibles pues, en definitiva, consisten en afirmar como verdadero lo que no lo es. ( STC TS de 20 de enero de 2006 ).

El delito fiscal exige que los jueces, no la Administración Tributaria, fije el importe de la deuda tributaria, a los efectos de comprobarse si alcanza el mínimo exigible para ser considerado delito, debiendo indicar el modo en que lo hicieron. No basta, referirse genéricamente a la deuda tributaria, sino que deben aplicarse las pruebas y principios del proceso penal. ( STC TS de 28 enero de 2005 ).

Cuando un autor utiliza varias sociedades para defraudar a Hacienda, la cantidad defraudada no debe tomarse por separado de cada sociedad sino conjuntamente, para comprobar si el valor toal defraudado es superior al mínimo establecido en la norma penal.

El interés legal del dinero es el interés a cuyo pago debe ser condenado quien no ingresó la cuota tributaria en su momento, y siendo ese legalmente, el rendimiento de la suma que perdió la Aministración a causa del delito cometido, no cabe añadir un interés de demora, máxime teniendo en cuenta que el castigo del delito fiscal incluye una pena pecuniaria proporcional a la cuantía de la cuota defraudada.

En el concepto de cuotas de la Seguridad Social se incluye tanto la llamada cuota obrera, que es la que debe pagar el trabajador y le descuenta del salario la empresa, como la parte que le corresponde al empresario pues ambas integran el referido concepto sobre el que se proyecta el delito de fraude a la Seguridad Social.


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