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DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

El artículo 31 de la CE establece “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principio de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”.

Por su parte el artículo 41 de la Carta Magna dice: “ Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

 

De este modo, el Estado social y democrático de Derecho de nuestra época, define como prioridades de su política económica y social, contar con recursos suficientes para financiar el gasto público y, en particular, para atender a las necesidades sociales de los ciudadanos.

Con la finalidad de ofrecer una tutela o protección a tan altos interés, se configura una regulación penal dirigida contra aquellos que defraudan las obligaciones tributarias y de seguridad social.

La razón de ser de estos delitos, es la necesidad de dotar financieramente las políticas económicas y social de los Estados a fin de que la sociedad avance en igualdad y logre mayores niveles de bienestar.

Se ha dicho que en un Estado que cada vez reconoce más derechos, los deberes ciudadanos, más allá del genérico cumplimiento de las leyes, han ido paulatinamente desapareciendo con una excepción: el deber de pagar impuestos.

Y es que sin políticas de ingresos y gasto público, no es sólo que el Estado desaparecería sino que no sería posible atender necesidades vitales como infraestructuras, seguridad ciudadana, asistencia sanitaria, justicia, educación y fomento e incentivo del desarrollo económico y personal.

De ahí que considerándose bienes jurídicos fundamentales el derecho penal sanciona las infracciones más graves en esta materia, para lo cual se fijan determinados umbrales defraudatorios, los cuales, una vez rebasados, suponen incurrir en delito.

Bien jurídico protegido. Se tutela el patrimonio de la Hacienda Pública, en sus modalidades estatal, autonómica y local, así como la comunitarias y el de la Seguridad Social.

Se trata de proteger los ingresos públicos a través del delito fiscal y el gasto público, canalizado mediante las políticas sectoriales definidas en cada momento por el Gobierno y el Parlamente, a través del delito de fraude de subvenciones.

En cuanto a la Seguridad Social, el bien jurídico es la protección de su Tesorería, organismo encargado de recaudar las cotizaciones empresariales a fin de que aquélla pueda cumplir sus funciones sociales y asistenciales.

La conducta prevista en el artículo 310 CP regula el denominado delito contable, afectando de este modo a la competencia entre empresas.
REGULACION. Se contienen en el Título XIV del Libro II , artículos 305 a 310, ambos inclusive.

Podemos esquematizar su articulado de la siguiente forma:

  • Art. 305 regula el delito fiscal.
  • Art. 306 el fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea.
  • Art. 307 impago de cuotas a la Seguridad Social.
  • Art. 308 fraude de subvenciones.
  • Art. 309 fraude comunitario.
  • Art. 310 delito contable.

Por lo que respecta a su naturaleza jurídica, son, ante todo, delitos de engaño porque el simple impago de cantidades exigidas por las administraciones, es una cuestión administrativa ya que no existe la cárcel por deudas. Aquí se exige engañar que es lo que significa defraudar.

Por otro lado, estamos ante delitos de resultado, pues se exige causar un perjuicio a las Haciendas o a la Seguridad Social, expresamente cuantificado. Por esos, el impago de las obligaciones fiscales o de cuotas sociales, que alcancen los mínimos exigidos, se consideran, simplemente, infracciones administrativas.
Son delitos que tanto pueden cometerse defraudando por acción u omisión. Por acción, cuando se obtiene indebidamente una devolución fiscal o subvención; por omisión cuando no se paga lo debido a la administración.

Son delitos dolosos, porque no se puede engañar imprudentemente. Se requiere conocimiento y voluntad de defraudar. Es decir, un “animus defreudandi”, no declarando lo que corresponda o hacerlo de modo inveraz, engañando por valor superior a los mínimos fijados.

Son, igualmente, “delitos en blanco” pues para saber a qué atenerse, es preciso recurrir a conceptos extraíbles de otras ramas del derecho, en concreto del derecho tributario y del derecho de la seguridad social, en los que se contienen las definiciones de tributo, impuesto, subvención, cuota empresarial. Etc.

En cuanto a quién puede ser autor, son delitos especiales propios. Los cometen personas determinadas: el deudor tributario, el que obtiene la subvención, el empresario obligado a ingresar la cuota que retuvo a sus trabajadores. Se exige también responsabilidad penal a terceros que participan en la conducta delictiva como los asesores fiscales.

Por último, y al igual que sucede en general, con las obligaciones económicas, el transcurso del tiempo sin ser exigidas, determina lo que se conoce con el nombre de prescripción, es decir, la imposibilidad de llegado un determinado momento, del derecho a percibirlas. Actualmente estos delitos prescriben a los cinco años desde que se cometió el hecho que da lugar a exigir la responsabilidad penal, sin ser perseguidos penalmente.

Las conductas que se sancionan en este capítulo son:


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