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DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

El Título XV del Código Penal con el nombre “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, artículos 311 a 318, regulan una serie de conductas que forman parte del llamado Derecho Penal del Trabajo, donde se pretende que las más intolerables agresiones a los derechos de los trabajadores, tengan un tratamiento punitivo. Se abre así camino a lo que la jurisprudencia denomina delitos sociales o laborales. Se trata en suma de proteger y reforzar los derechos reconocidos tanto en la Constitución española como en las distintas y abundantes leyes laborales y mas concretamente en el contrato de trabajo. Bienes tales como  la tutela de la libertad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el mercado legal de mano de obra, la igualdad en las relaciones laborales, la libertad sindical y el derecho de huelga, y la salud o integridad física de los trabajadores pretenden ser protegidos por los tipos penales que vamos a analizar.

ELEMENTOS GENERALES

Con carácter general, cuando el sujeto activo de estos delitos es el empresario, ha de entenderse como tal tanto el empresario individual como al colectivos, es decir ya sea una sociedad de naturaleza civil o mercantil, o cualquier ente colectivo como grupos de empresas, uniones temporales de empresas, partidos políticos, cooperativas, sindicatos, entidades de derecho público, (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Entidades Locales, Organismos Autónomos, Instituciones, Agencias Públicas, etc).

El sujeto pasivo en estos delitos no es otro que el trabajador o trabajadores cuyo trabajo debe cumplir las notas de productividad, ajenidad y libertad, y ya sean nacionales o extranjeros.

El consentimiento del trabajador en la comisión de estos delitos es irrelevante pues estamos ante derechos indisponibles e irrenunciables.

Existe una excusa absolutoria de naturaleza administrativa, y un trato privilegiado en orden a su regularización al declarar exentos de responsabilidad administrativa y al no ser expulsados todos aquellos extranjeros que, habiendo sido objeto de ciertos hechos graves, denunciasen a los cooperadores o autores de dicho tráfico o que cooperasen con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando en el proceso correspondiente.

Esta es una decisión de política criminal, encaminada, por razones de oportunidad, a sacrificar el ius puniendi administrativo en beneficio del éxito de la vía penal y en aras a conseguir una efectiva punición de tales hechos. Nos obstante, ello conlleva el peligro de que esa colaboración con las autoridades administrativas inicie una escalada de denuncias falsas construidas sobre fabulaciones indemostrables o de delaciones injustas ya que de esa manera al propio tiempo se satisfacen deseos de venganza y se accede a un estatus e residencia a la que de otra manera no se tendría derecho. Por ello, no toda forma de colaboración debe dar lugar a la regulación del extranjero sino que debe hacerse un uso restrictivo y en todo caso prudente de la institución.

Característica destacada de esta clase de delitos es la dificultad de su persecución por la complejidad que reviste la prueba y, consecuentemente, para conseguir desvirtuar la presunción de inocencia. Y es que hallarlos y hacer que estén a disposición del Tribunal para actuar como testigos de cargo porque ellos mismos, por persistir su situación de irregularidad, se colocarán voluntariamente en paradero desconocido.

ANALISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS PENALES

Comenzando con el estudio del articulo 311 castiga una serie de conductas cuya acción central consisten en actuar con engaño o abuso de situación de necesidad para imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad social que perjudiquen, suprima o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual de trabajo.

El sujeto activo del delito no es otro que el empresario ya sea individual o persona jurídica, respondiendo en éste último caso el representante legal de la misma.

El apartado 2º del art 311 concreta aún más los autores de este delito al señalar “ los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro “, es decir, se castiga a quien simplemente tenga conocimiento de la ilegalidad y omite restablecer la legalidad.

La conducta típica consiste en imponer una serie de condiciones mediante engaño o abuso de situación de necesidad. Se entiende por imponer actuar contra la verdadera voluntad del trabajador anulando su voluntad y el engaño se produce cuando se oculta al trabajador intencionadamente la realidad de las condiciones de índole laboral para hacerle incurrir en error sobre las mismas. El engaño ha de ser bastante, suficiente y proporcional.

También se produce la imposición aprovechándose de una situación de necesidad del trabajador lo que equivale a hacer un uso excesivo de la especial posición de fuerza que normalmente tiene el empresario, unido a la especial necesidad del empleo o precariedad en la que se encuentra el trabajador.

La modalidad agravada viene descrita en el párrafo 3º del art. 311 cuando las conductas descritas se lleven a cabo con violencia o intimidación, en este caso se castigara no solo este delito  sino también el delito o falta de lesiones que constituya el resultado lesivo ocasionado.

El resultado de la acción típica es la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social perjudiciales e ilegales, por restringir o suprimir derechos. En cuanto a qué debemos entender por condiciones laborales o de Seguridad Social, se trata de una norma penal en blanco por lo que debemos acudir a la legislación laboral o de Seguridad Social para la determinación de cuáles son esas condiciones.

El delito se consuma con la imposición de las condiciones desfavorables e ilegales, sin que sea necesario que permanezcan en el tiempo, e incluso sin que llegue a producir un perjuicio efectivo al trabajador.

Finalmente nos encontramos ante delitos dolosos, es decir, han de cometerse las conductas descritas conscientemente, con malicia, a sabiendas.

 


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