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DELITO DE DISCRIMINACION LABORAL O EN EL EMPLEO

Se contiene en el artículo 314 que trata de proteger el derecho a la igualdad de los trabajadores. Por ello castiga a los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencia, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado.

Sujeto activo es el empresario, público o privado. La discriminación en el empleo se puede producir bien a la hora de firmarse el contrato bien a la de la prestación de las funciones propias, con ocasión de las directrices impartidas por ese empleador o por razón de las circunstancias establecidas. No se exige que la discriminación se produzca en la contratación sino en el empleo. Entonces el sujeto activo de este delito puede ser la persona contratante, aquel que materialmente curse las directrices de trabajo o la persona de la que dependan determinadas circunstancias del trabajo.

El empleador puede ser privado o público, y en este último caso, a nuestro juicio, con plena independencia de cuál fuese la naturaleza jurídica de la relación de servicios que vincule al empleado discriminado con una Administración Pública. Puede surgir por tanto la discriminación en una relación de servicios de naturaleza funcionarial, puede hacerlo en otra de naturaleza laboral suscrita con una Administración.

Si el empleo tiene naturaleza de pública el sujeto activo no tiene que ser necesariamente el órgano administrativo de contratación sino que puede serlo el superior jerárquico o aquella otra autoridad o funcionario a quien pueda serle imputado en concepto de encargado del servicio público.

Sujeto pasivo. El artículo opta también por una considerable amplitud a la hora de prefigura quiénes pueden ser las víctimas de este delito, lo que es consecuencia de la pluralidad de circunstancias objetivas o subjetivas que después relata, ideología, religión, creencias, sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, etc.
El bien jurídico protegido es el derecho a la igualdad de los trabajadores y en especial en su vertiente negativa de proscripción de cualquier clase de discriminación.

La conducta típica ha de ser dolosa, intencional, no pudiendo castigarse si es imprudente, exigencia ésta que es clara a tenor de la expresión utilizada por el precepto de actuar “por razón de” su ideología, creencia o religión, etc. Lo que parece difícil es que el hecho se produzca por imprudencia o descuido, no sólo por la consideración última, sino también por tener que mediar un previo requerimiento o sanción administrativa, por lo que el sujeto ya conoce que su comportamiento es ilícito, de modo que si insiste voluntariamente en su continuación la acción será dolosa.


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