El equipo de Bufete Law Consulting está especialmente satisfecho de poder comunicar esta Sentencia.
El Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Madrid ha emitido la Sentencia N.º 229/2024, que representa un hito en la jurisprudencia española al ser la primera en España que concede una indemnización a un transportista consumidor afectado por la fijación indirecta de precios de venta al público de carburantes.
El juez ha fundamentado su fallo en la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), interpretando conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que garantiza el derecho a indemnización para los afectados por prácticas restrictivas de la competencia. En este caso, la sentencia concluye que Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. infringió las normas de competencia, imponiendo indirectamente precios de venta al público en estaciones de servicio abanderadas. Esta infracción perjudicó a transportistas como el demandante, quienes dependen del suministro de carburantes para su actividad diaria.
La sentencia considera que la infracción se prolongó hasta octubre de 2019, cubriendo el período reclamado por el actor y limitando su capacidad para acceder a precios más competitivos en el mercado. La sentencia pone de relieve la importancia de las resoluciones de infracción y vigilancia emitidas por la CNMC, las cuales se utilizaron como prueba extraordinaria de la conducta anticompetitiva de Repsol.
Antecedentes del caso
El caso tiene sus raíces en diversas resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde 2009 identificó y sancionó a Repsol por la imposición indirecta de precios en sus estaciones de servicio. Estas resoluciones, que incluyen tanto resoluciones de infracción como de vigilancia, confirmaron que las prácticas de fijación de precios se extendieron durante varios años, afectando negativamente a los transportistas, como el demandante, que se vieron obligados a pagar sobreprecios en los carburantes esenciales para su actividad.
El Juzgado, siguiendo la línea marcada por el TJUE en materia de compensaciones por daños derivados de conductas anticompetitivas, ha concluido que la actuación de Repsol vulneró gravemente la normativa de competencia, lo que justifica plenamente la indemnización concedida.
Implicaciones para transportistas y consumidores
Esta histórica sentencia, la primera de su tipo en España, sienta un precedente crucial para la protección de los derechos de los transportistas y otros consumidores afectados por prácticas anticompetitivas. Al reconocer su derecho a ser compensados por los sobrecostes generados por estas infracciones, el fallo abre la puerta a futuras reclamaciones. Además, destaca la importancia de las resoluciones de la CNMC como herramienta probatoria en los procedimientos civiles por daños derivados de prácticas anticompetitivas.
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